Recorte de derechos básicos
Imagina que quieres comprar un local con tu grupo de derechos humanos para las actividades de la asociación. Ya os habéis puesto de acuerdo con el vendedor sobre el precio de compra, solo falta la firma y la cita con el notario ya está fijada. Entonces se pone en contacto el ayuntamiento e interviene en contra de la compra: una consulta al servicio de inteligencia estatal ha revelado que la asociación “posiblemente” defiende posiciones contrarias al Estado. Por ello, la administración hace uso de su derecho de tanteo, garantizado por la ley.
Dado que la RFA quiere convertirse en la nueva potencia hegemónica económico-militar de Europa, se están recortando sistemáticamente los derechos fundamentales y modificando las leyes: una “orbanización” de la RFA.
En realidad, la reforma de la construcción es un tema jurídico árido que rara vez llega a los medios de comunicación. Y, sin embargo, los planes del Ministerio Federal de Construcción para reformar el Código de la Construcción (BauGB) han causado un gran revuelo. Y es que, además de los planes para acelerar el procedimiento de planificación, en el futuro se dotará a los municipios de más medios para contrarrestar “evoluciones problemáticas” en el mercado inmobiliario. Una parte de la reforma de la Ley de la Construcción causa un revuelo especial. En el futuro, los municipios tendrán la posibilidad, en coordinación con la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (un tipo de servicio secreto interior), de impedir que grupos políticos adquieran inmuebles.
La herramienta principal para ello será el derecho de tanteo municipal. Ya hoy en día, las ciudades y los municipios tienen la facultad de intervenir en los contratos de compraventa existentes, siempre que ello redunde en el bien común. En el futuro, se prevé que los municipios puedan intervenir de forma aún mucho más amplia en el mercado inmobiliario. En el proyecto de ley se justifica esto argumentando que así se prevendrían las “tendencias de deterioro de los barrios provocadas por la segregación” y se actuaría contra los denominados “inmuebles en ruinas”. En casos especiales, incluso se contemplaría la posibilidad de una expropiación. El proyecto de ley también establece que se debe combatir la delincuencia organizada o el blanqueo de capitales. Pero no solo se quiere actuar contra los delincuentes.
Grupos políticos en el punto de mira
Con las mismas medidas se tratará a los grupos con “aspiraciones anti-constitucionales”. Para comprobar la ideología de una organización política, se permitirá a las ciudades y municipios recabar información sobre los posibles compradores ante la policía y los servicios de inteligencia.
Lo más controvertido del texto legislativo es que en él se establece que los compradores no tienen que haber cometido ningún delito para entrar en el punto de mira de los municipios. Basta con que las autoridades consideren que las intenciones de los compradores tienen como objetivo ejercer un “efecto político” a largo plazo. La intervención será legal “siempre que los hechos justifiquen la suposición de que el comprador apoya expresamente la realización de dichos objetivos”. Suponer y sospechar sería suficiente para intervenir.
El experto en derecho constitucional Volker Boehme-Neßler criticó el proyecto de ley ante el diario Bild calificándolo de “muy problemático”: “Esto vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión. La vaguedad de las formulaciones del proyecto de ley hace que incluso los ciudadanos críticos con opiniones supuestamente políticamente impopulares puedan verse afectados», afirmó Boehme-Neßler.
La represión contra la izquierda y los antifascistas es algo cotidiano
Aunque todavía no se puede predecir con exactitud cómo se aplicarán estos criterios en la práctica, este proyecto de ley debe considerarse en el contexto de una represión continua, sobre todo contra grupos de izquierda y antifascistas. Esta represión ha ido en aumento últimamente y se está extendiendo también a ámbitos menos evidentes.
Ejemplos de ello son el cierre de las cuentas de Rote Hilfe (Socorro Rojo), las sanciones de la UE contra el periodista crítico Hüseyin Dogru (un kurdo) o las redadas contra la izquierda en Berlín el mes pasado (también la represión contra la comisionada de la ONU Francesca Albanese: bloqueo de cuentas, tarjetas bancarias y libertad de movimiento, prohibición de entrada). También cabe mencionar en este contexto el reciente escándalo en torno al Premio Alemán de Librerías y la creciente colaboración de las autoridades estatales con la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Por lo tanto, la probabilidad de que la ley de Construcción definitiva se utilice también para frenar el activismo de izquierda es bastante alta.
Actualmente se pretende que el Consejo de Ministros apruebe la ley antes de las vacaciones de verano. Sin embargo, aún no se puede prever cómo evolucionará la reforma de la Ley de Urbanismo. Y es que en los últimos días se han alzado fuertes críticas contra el borrador del Ministerio Federal de Urbanismo. Hasta ahora, a pesar de un anuncio, el Ministerio no se ha pronunciado sobre las preocupaciones de carácter constitucional y relativas a la libertad de expresión. (*)
NOTAS:
(*) “Restricción de la libertad de expresión mediante la reforma de la legislación urbanística” (Titulo original: “Einschränkung der Meinungsfreiheit durch Baurecht-Reform“, revista Perspektive Online, 16.04.2026 (LINK)
IMAGENES:
(1) Prohir compras (collage)
(2) Antifa-RFA (collage)
(PUBLICACIÓN BASKULTUR.INFO 2026-04-16)
